ERNESTO ZEDILLO

 Ernesto Zedillo

Segundo de seis hermanos de una familia de clase media-baja, recibió su primera educación en colegios públicos de Mexicali, en el estado de Baja California Norte, a donde los padres, los señores Rodolfo Zedillo Castillo y Martha Alicia Ponce de León, se habían desplazado desde la Ciudad de México buscando mejores oportunidades laborales. En 1965 continuó los estudios medios en la Escuela Vocacional Número 5 de la capital federal y en 1969 se matriculó en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (ESE-IPN). En 1973, ya egresado del IPN con el título de economista, con los ingresos obtenidos con su trabajo como auditor auxiliar en el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (Banjercito), pudo matricularse en Economía en la Universidad estadounidense de Yale. En 1974, ayudado por sendas becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), asistió a un curso de posgrado sobre Evaluación de Proyectos en Capital Humano en Bradford, Gran Bretaña, y al programa de doctorado de Economía de Yale, donde obtuvo el título correspondiente con una tesis sobre el estudio del problema de la deuda pública externa mexicana y su relación con las expectativas de crecimiento de las exportaciones petroleras.

 En enero de 1971, año y medio antes de obtener la licenciatura económica, ingresó en el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, no obstante su extrema juventud –sólo tenía 19 años-, comenzó a trabajar en la Dirección de Política Económica adjunta a la Presidencia de la República, lo que estimuló su interés por la política. Impartió docencia en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI con el auspicio del prestigioso economista Leopoldo Solís Manjarrez, su superior en la Dirección de Política Económica, y a continuación desempeñó diversos puestos de responsabilidad en el aparato económico y financiero de la Administración federal. En estos años, coincidentes con el Gobierno priísta de Luis Echeverría Álvarez, Zedillo construyó su buena reputación profesional como economista y su perfil de tecnócrata partidario de modernizar las estructuras económicas y alejado de los sectores tradicionalistas del PRI. El prometedor veinteañero contrajo matrimonio con una compañera de estudios, Nilda Patricia Velasco; la pareja iba a tener cinco hijos.

Desde 1978 y a lo largo de las administraciones de José López Portillo (1976-1982) y Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), Zedillo se desempeñó sucesivamente como: analista y subgerente de investigación económica del Banco central de México (BANXICO); responsable de la puesta en marcha del Fondo de Intercambio, Cobertura de Riesgos y Confianza (FICORCA), un órgano gubernamental, también conocido como Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, que permitió reestructurar la deuda de muchas empresas mexicanas; y, desde 1987, subsecretario de Planeación y Control Presupuestal en la Secretaría de Programación y Presupuesto del Gobierno federal. En diciembre de 1988 el nuevo mandatario priísta, 

Carlos Salinas de Gortari, también economista de formación, le nombró secretario, esto es, ministro, de Programación y Presupuesto en sustitución de quien hasta ahora había sido su superior, Pedro Aspe Armella. Como tal, Zedillo se encargó de ejecutar las directrices de austeridad en los gastos del Estado prescritas por el FMI y asumidas por Salinas como parte de su ambicioso programa de reformas liberales en la estructura de la economía, y también participó en el diseño de las políticas de desarrollo y del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), encaminado a paliar el coste de las reconversiones en el terreno social.

En enero de 1992 Salinas le puso al frente de la Secretaría de Educación Pública, donde emprendió una profunda reforma de la educación preescolar, primaria y secundaria que quedó plasmada en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), presentado a la opinión pública en el mes de mayo. En noviembre de 1993 el designado candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, con quien compartía una visión democratizadora del sistema político, nombró a Zedillo coordinador general de su precampaña electoral. Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994 durante un mitin en Tijuana y seis días después, con el país conmocionado por el magnicidio, el PRI se decantó por Zedillo como el nuevo postulante del oficialismo. Hombre con una imagen de servidor público competente, inteligente y honesto, pero un tanto gris y sin gancho, su ubicación en los círculos de Colosio y Salinas se interpretó entonces como una garantía para la continuidad de las reformas impulsadas durante el sexenio que tocaba a su fin.

En las elecciones del 21 de agosto de 1994, Zedillo, sin sorpresas, se hizo con la victoria por delante de Diego Fernández de Cevallos, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD, formado por escindidos del PRI), quien ya lo había intentado en julio de 1988, cuando se enfrentó y, posiblemente también, superó en votos a Salinas, salvo porque la tristemente célebre caída del sistema truncó de manera fraudulenta la que habría podido ser la primera alternancia política desde el final de la Revolución. Aunque el 50,2% de votos sacado ahora por Zedillo era el más bajo porcentaje registrado por un candidato priísta en los 65 años de vida del partido, los comicios registraron una participación también excepcional, del 77,7%, casi 20 puntos más que en 1988.

En las legislativas, el PRI pagó, entre otras razones, por la creencia generalizada de que sus poderosos sectores conservadores estaban detrás del asesinato de Colosio –el 28 de septiembre iba a correr idéntica suerte el secretario general del partido, José Francisco Ruiz Massieu-, tal que perdió 20 de los 320 escaños que tenía en la Cámara de Diputados (sobre 500), un descenso al que también contribuyó la inusual limpieza del escrutinio, que era fruto del pacto alcanzado por Salinas y los principales partidos. Las elecciones fueron celebradas bajo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), aprobado por el Congreso en 1990, y organizadas y supervisadas por sus organismos asociados, el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal Electoral (TFE).

Impulsor de reformas decisivas en el sistema político

Superada la tormenta monetaria, y con inusitado vigor, pues 1996 iba a registrar una tasa de crecimiento del 5,1% con una inflación disminuida al 28%, Zedillo, comedido y disciplinado, se concentró en una empresa no menos formidable: el cumplimiento de sus promesas de democratización del Estado y la sociedad sin poner en peligro la unidad del propio PRI, que se resistía a librarse de obsolescencias y a permitir que otros partidos y organizaciones sociales ocuparan espacios de participación en la esfera pública, celosamente salvaguardados con pretensión patrimonial.

Al llegar a la Presidencia, Zedillo se había comprometido a proseguir con las reformas electorales, y por tanto centró sus esfuerzos en asegurar la transparencia de los comicios y la completa imparcialidad del IFE. La primera concreción de este objetivo fue el pacto Compromisos para el Acuerdo Político Nacional, suscrito el 17 de enero de 1995 por el PRI, el PAN y el PRD más el Partido del Trabajo (PT), esto es, los cuatro partidos representados en el Congreso, con el fin de promover el diálogo político para conducir una reforma electoral definitiva y solucionar el problema sempiterno de los conflictos poselectorales.

Esta modernización decisiva de las reglas de participación en democracia quedó consagrada, en una manifestación de consenso partidista que no tenía precedentes, el 31 de julio y el 1 de agosto de 1996 con la aprobación unánime por las dos cámaras del Congreso de la reforma de 19 artículos de la Constitución. El PRI asumió la reforma en su XVII Asamblea Nacional, celebrada del 20 al 22 de septiembre del mismo año, ocasión en la que el partido ratificó de paso su compromiso social y revolucionario, planteándose la necesidad de un cambio "en el asfixiante modelo económico neoliberal", el mismo que, paradójicamente, venía aplicando Zedillo por pregonados motivos coyunturales pero que en realidad era una fiel prolongación de la línea trazada por Salinas y antes que él ya esbozada por de la Madrid. Con todo, la doctrina de "liberalismo social" acuñada por el ahora demonizado y autoexiliado Salinas –al que Zedillo se negó a defender cuando estalló el escándalo de la detención y encarcelamiento de su hermano, Raúl Salinas, acusado de estar involucrado en el asesinato de Ruiz Massieu-, fue removida de la declaración ideológica del partido.

La crisis interna de la formación nacida en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, iniciada con las convulsiones del período salinista (debate ideológico en torno al modelo económico liberal, resistencias de los sectores tradicionalistas, alzamiento indígena en Chiapas desde el 1 de enero de 1994, magnicidios de Colosio y Ruiz Massieu) y prolongada desde que Zedillo dejara claro que no estaba dispuesto a gobernar bajo presiones, se vio agravada con motivo de las elecciones legislativas federales y estatales del 6 de julio de 1997, las primeras celebradas bajo la nueva normativa. En aquella ocasión, por primera vez en su historia, el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con el 38,8% de los votos y 239 escaños, 59 menos que en la legislatura anterior, así como los gobiernos de Querétaro y Nuevo León, que pasaron a manos del PAN y que se sumaron a los que la agrupación derechista ya poseía en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California.

El oficialismo se aseguró, con 76 escaños, la mayoría absoluta en el Senado, pero perdió la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar modificaciones constitucionales sin apoyos externos. El gran vencedor de la jornada fue el PRD, cuyo líder, Cárdenas, arrasó con el 47,6% de los votos en las primeras elecciones a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, centro de poder muy importante por el peso demográfico, político y económico de la capital. Zedillo, confrontado a esta insólita cohabitación en la Ciudad de México, se apresuró a felicitar a Cárdenas y añadió que en lo sucesivo "ya nadie podrá tachar al PRI de ser un partido de Estado". Ciertamente, los comicios de 1997 permitieron apreciar la articulación de un nuevo sistema en el que la competitividad partidista era real y lo que antaño era inimaginable, la alternancia en el poder federal, un supuesto posible

Ambivalencia frente al conflicto de Chiapas

La delicada situación social en algunos estados, alimentada por los abusos cometidos por los gobernantes locales del PRI, obligó a intervenir a Zedillo. Así, en 1996 forzó las dimisiones del gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo García, tras protagonizar un escándalo de corrupción, y del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, por intentar ocultar el asesinato de 17 campesinos por las fuerzas de seguridad en la localidad de Aguas Blancas en junio de 1995. Pero fue el heredado conflicto en Chiapas, ahora extendido a otros estados del sur, con su complejo cuadro de insurgencia armada, reivindicaciones indígenas de autogestión y reparación socioeconómica, y monopolio de las estructuras productivas y de poder por la oligarquía priísta, el problema más acuciante. Zedillo abordó este conflicto aplicando una política del palo y la zanahoria.

Tras fracasar las negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 9 de febrero de 1995, poniendo fin a la tregua vigente desde el 12 de enero de 1994, el presidente ordenó al Ejército cercar la selva Lacandona y capturar al líder de la revuelta, el carismático y enigmático Subcomandante Marcos, al que de paso intentó desacreditar revelando a la opinión pública su supuesta identidad (la de un antiguo profesor universitario llamado Rafael Sebastián Guillén Vicente), pero cinco días después mandó detener las operaciones. El 21 de abril, representantes del Gobierno y la guerrilla reanudaron las conversaciones en el pueblo de San Andrés Larráinzar sobre la base de las demandas planteadas por la última, las cuales condujeron desde septiembre de ese año hasta febrero de 1996 a una serie de compromisos puntuales de aplicación incierta. Los denominados Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas, firmados el 16 de febrero de 1996, quedaron en papel mojado cuando la guerrilla acusó al Gobierno de hacer del texto una interpretación unilateral y no ajustada al espíritu que lo había impulsado.

El rechazo del Gobierno federal a la iniciativa de ley de la Comisión parlamentaria de Concordia y Pacificación (COCOPA), relativa precisamente a los derechos de los indígenas, más la negativa de Zedillo a conceder cualquier menoscabo de la autoridad federal en el territorio controlado por el EZLN, el cual se aprestaba a crear unas instituciones autónomas de base popular, propiciaron la reproducción de los enfrentamientos armados. Quedó configurada así una dinámica oscilante entre el diálogo y la represión que dejó en suspenso cualquier desenlace negociado.

Zedillo fundamentó su reluctancia a los Acuerdos de San Andrés en la posibilidad de que las reformas legales se tradujeran en enmiendas constitucionales, lo que podría dar pie, en su opinión, a reivindicaciones de tipo independentista. Sin embargo, siempre cundió la sensación de que el mandatario no tenía ninguna voluntad de reconocer las verdaderas raíces del conflicto ni de terminar con los atropellos de los caciques locales. A la presión policial contra los conatos de autogobierno indígena siguieron, el 22 de diciembre de 1997, el asesinato por paramilitares puestos a las órdenes del PRI local en la comunidad de Acteal de 45 indios tzotziles pertenecientes a un grupo pacifista católico simpatizante del EZLN, y, en junio de 1998, nuevos combates entre el Ejército y los zapatistas, con el saldo de una decena de muertos, espasmo de violencia que obligó a Zedillo a realizar el día 13 una visita de inspección. La matanza de Acteal en particular desató una cascada de críticas sobre Zedillo, cuya autoridad sobre los sectores más reaccionarios de su partido quedó en entredicho.

En añadidura, en Guerrero y en otros estados del sur comenzó sus actividades en agosto de 1996 un Ejército Popular Revolucionario (EPR), insurgencia de menor entidad pero de discurso más radical que para unos tenía inspiración maoísta y para otros se trataba de una criatura de oscuros potentados del PRI interesados en desestabilizar el orden público y desacreditar a los movimientos sociales.

Las dinámicas de integración económica guiaron, como en la mayoría de los países latinoamericanos, el hacer exterior de Zedillo, que se caracterizó por un equilibrio entre el pragmatismo liberal y la continuación de la línea diplomática nacional que durante décadas habían practicado las administraciones priístas, la cual se ceñía a principios como el respeto de la soberanía nacional de los estados y la reserva de independencia para tender puentes de cooperación con cualquiera de ellos, si bien esta última característica había tenido más relevancia en el pasado, cuando el sistema internacional se ajustaba al rígido esquema de los bloques ideológicos en el eje Este-Oeste y cobraba plena significación la vía tercerista impulsada por los países no alineados.

Así, por un lado, Zedillo alentó el buen entendimiento con Estados Unidos, país socio dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que concentraba él solo las tres cuartas partes de todas las transacciones comerciales de México. En 1998 el 76% de las exportaciones y el 70% de las importaciones mexicanas tuvieron a Estados Unidos como destino y origen; su valor sumó los 187.000 millones de dólares, cifra que suponía un incremento del 120% con respecto a 1993, el año previo a la entrada en vigor del TLCAN. La tendencia siguió creciendo con rapidez hasta el final del sexenio zedillista, sobre todo en las exportaciones, consolidando a México, colocado ya por delante de Japón y China, como el segundo socio comercial de Estados Unidos después de Canadá. Los bajos costes salariales de México propiciaban fuertes inversiones empresariales de los socios del norte, fundamentalmente en el sector de las maquiladoras o empresas de ensamblaje de productos destinados a la exportación, pero los críticos de la integración comercial apuntaron los riesgos que entrañaría para la economía nacional una recesión en Estados Unidos.

El anterior presidente mexicano mantiene en la actualidad una agenda internacional muy rica. Es miembro de los consejos de administración de las corporaciones Procter & Gamble, Union Pacific y ALCOA, y asesor de Daimler-Chrysler y Coca-Cola. Columnista regular en la revista Forbes, ha adquirido además el perfil de experto colaborador en altos organismos internacionales. Asimismo, está activo en el Club de Madrid y el Consejo InterAcción, dos foros de encuentro, debate y reflexión reservados a ex presidentes y primeros ministros de todo el mundo, amén de pertenecer al Consejo Asesor de la Initiative for Policy Dialogue (IPD) de la Universidad de Columbia.

Poco después de dejar la Presidencia de México, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, recurrió a él para encabezar el panel sobre Financiación y Desarrollo, el cual elaboró un documento, el denominado informe Zedillo, que brindó el marco político de discusión a la Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo que se celebró en Monterrey del 18 al 22 de febrero de 2002, y que previamente fue analizado en la IV Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que tuvo lugar en Doha, Bahrein, del 9 al 14 de noviembre de 2001. En este informe, presentado el 28 de junio de 2001, Zedillo y sus diez colegas sostenían la necesidad de avanzar en la liberalización de los mercados mundiales, pero teniendo presente los intereses y necesidades de los países menos desarrollados, una "Ronda de Desarrollo" que, a diferencia de anteriores rondas de desarme arancelario, debía hacer hincapié en los productos agrícolas y manufacturados (textiles en particular) que constituían la base exportada de estos países.

Profesor visitante del London School of Economics (LSE), miembro del Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Programa de las Américas del Centro Carter de Atlanta y, desde abril de 2002, director del Center for the Study of Globalization de la Universidad de Yale (YCSG), Zedillo es un economista tan solicitado que días después de recibir ese último nombramiento no tuvo ambages en descartarse para suceder en 2005 al tailandés Supachai Panitchpakdi al frente de la OMC. La postulación, fomentada por altos ejecutivos del organismo, parece que no interesó a Zedillo, quien se encontraba cómodo en el equipo de asesores personales del director general saliente, el neozelandés Mike Moore, cuyo mandato expiraba el 1 de septiembre de 2002.