PEÑA NIETO

 ENRIQUE PEÑA NIETO

1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018


Peña Nieto nació el 20 de julio de 1966. Es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y tiene una maestría en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

En 2005, contendió por la gubernatura del Estado de México. Durante su campaña recorrió el estado, escuchando a la gente y firmando compromisos de obra pública ante notario.

De esta manera, fue electo gobernador del Estado de México, la entidad federativa más poblada del país. Su periodo de gobierno abarcó del 16 de septiembre de 2005, al 15 de septiembre de 2011.

Bajo su responsabilidad se hicieron importantes avances en materia de infraestructura y servicios públicos, como el de salud. Además, se llevó a cabo una reestructuración de las finanzas del estado, con lo cual se logró reducir la deuda pública y aumentar el gasto dirigido a obras y programas, sin necesidad de aumentar impuestos.

Al concluir su gestión como Gobernador, en 2011, Enrique Peña Nieto expresó su aspiración de contender por la Presidencia de la República. Tras una intensa campaña electoral, caracterizada por la firma de compromisos nacionales y estatales, obtuvo el triunfo el 1º de julio de 2012.

A partir del 1 de diciembre, Enrique Peña Nieto es Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo principal de su gobierno es lograr que los derechos que la Constitución reconoce a los mexicanos pasen del papel a la práctica, trabajando en 5 ejes fundamentales.

LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRAFICO


Después del primer año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), México sigue enfrentando problemas vinculados con el narcotráfico, reflejado en los altos niveles de violencia y el aumento de actividades ilícitas como el secuestro y la extorsión. Una docena de cárteles del narcotráfico luchan por controlar el territorio y las rutas de trasiego de las drogas en el país, lo que genera luchas violentas. Después de tomar posesión como presidente de la República, Felipe Calderón (20062012) lanzó la guerra contra el narcotráfico, y durante su sexenio, aproximadamente 70,000 personas fueron ejecutadas de forma violenta; el número de cárteles del narcotráfico se expandió, y el tráfico de drogas continuó. En este artículo se argumenta que la guerra contra el narcotráfico en el gobierno de Calderón, y en el sexenio de Peña Nieto, ha sido y es una guerra perdida, considerando los resultados. En la primera parte, se hace un breve análisis histórico de la Guerra contra las Drogas en los Estados Unidos y en Colombia. La segunda parte se
concentra en el caso de México. Se revisan las tendencias de la narco-violencia, delitos relacionados con el crimen organizado, y los cárteles del narcotráfico que operan en México. Se examinan las causas de los niveles de violencia en años recientes para entender la situación actual en el país. Finalmente, el artículo hace un análisis crítico de la estrategia de seguridad y combate al narcotráfico del ex Presidente Felipe Calderón y su sucesor Enrique Peña Nieto, quien no ha modificado la estrategia general de seguridad.

  DESAPARICION DE AYOTZINAPA

Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos forzadamente la noche del 26 de Septiembre de 2014, después de haber sido arrestados por policías municipales mientras se preparaban para participar en una manifestación en la Ciudad de México, para conmemorar la masacre de estudiantes ocurrida el 2 de Octubre de 1968. 

A pesar de la fuerte presión internacional, nacional y de las familias de los estudiantes desaparecidos, aún se desconoce su paradero, y sigue bajo investigación el esclarecimiento de los hechos en los que se dieron estas graves violaciones a los derechos humanos. 

Diversos informes de organizaciones nacionales e internacionales, así como del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pusieron siempre en cuestionamiento la versión oficial de los hechos en su momento, y presentaron críticas exhaustivas de las investigaciones realizadas. El gobierno de entonces se empeñó en seguir una sola línea de investigación (la de que los estudiantes habían sido detenidos por
la policía municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero local). La teoría de que los estudiantes habían sido incinerados fue rechazada tajantemente por el GIEI, por considerar que era imposible en las circunstancias descritas por las autoridades mexicanas y no se sustentaba con pruebas. 

Amnistía Internacional también denunció por años las falencias en la investigación, y la decisión
política de ocultar la verdad, y con ello obstaculizar los esfuerzos de justicia en el caso de la desaparición forzada de los normalistas. En varios informes, Amnistía Internacional confirmó la deficiencia de las investigaciones, que no apuntaban al esclarecimiento mínimo de la responsabilidad del mando. Los lugares del delito no se protegieron ni fueron debidamente documentados con fotografías o grabaciones de vídeo. Se reunieron pruebas balísticas, pero no se examinaron para encontrar rastros de sangre o huellas dactilares, y tampoco se procesó correctamente material probatorio fundamental. Asimismo, las constantes denuncias de tortura y malos tratos de las personas detenidas con relación a las desapariciones, violaciones al debido proceso, manipulación de evidencias y protección de oficiales sospechosos de participación fueron otras violaciones de derechos humanos documentadas durante los primeros años de las investigaciones.  

El recorrido, según el informe del GIEI, fue este:

Entre las 19:30 y las 20:00 horas, el Estrella de Oro 1568 llegó a la caseta número tres de Iguala. En ese
punto, los estudiantes vieron que la Policía Federal había detenido a otros dos camiones de pasajeros a los que obligó a descender.
A las 20:00 horas, los estudiantes del Estrella de Oro 1531 que se habían quedado en Huitzuco detuvieron la unidad de transporte de pasajeros Costa Line 2513; el chofer accedió a entregarles la unidad bajo el acuerdo que primero dejaría a los pasajeros en la Central de Autobuses de Ayotzinapa.
Para las 21:16 horas, cinco autobuses con normalistas a bordo partieron de la central: tres de ellos se dirigieron hacia el norte (Costa Line 2012, Costa Line 2510 y Estrella de Oro 1568) y los otros dos (Estrella de Oro 1531 y Estrella Roja 3278) tomaron el bulevar que los llevaría a Chilpancingo, pero en el trayecto, desde Iguala, todos fueron perseguidos por patrullas municipales.
Los uniformados les dispararon y detuvieron a varios jóvenes. Del Estrella Roja bajaron 14 normalistas y corrieron hacia Iguala para ocultarse entre el cerro.
A las 00:30, los tres autobuses que avanzaron hacia el norte ya estaban estacionados sobre la vialidad Juan N. Álvarez, donde se realizó la primera rueda de prensa; los estudiantes ya habían sido atacados.

La "verdad histórica" del caso Ayotzinapa

La "verdad histórica" de la Procuraduría General de la República (PGR, hoy fiscalía) del gobierno de Peña Nieto sostuvo que tras arrestar a los 43 estudiantes normalistas, los policías de Iguala siguieron instrucciones de José Luis Abarca, entonces presidente municipal, y entregaron a los jóvenes a oficiales de Cocula, que, a su vez, los dejaron en manos de Guerreros Unidos porque creían que los normalistas eran integrantes de la banda rival, Los Rojos.

Según declaraciones de miembros de Guerreros Unidos -hechas bajo tortura-, los estudiantes fueron trasladados al basurero municipal de Cocula hacinados y atados en dos camionetas. Cuando llegaron al sitio, 15 de los normalistas ya habían muerto por asfixia, mientras que a los sobrevivientes se les hizo un breve interrogatorio antes de recibir un disparo en la nuca.

Después, habrían tirado los 43 cuerpos a la parte baja del basurero para prenderles fuego durante horas. Al terminar, los supuestos criminales recogieron las cenizas y trituraron los huesos restantes, los
metieron en bolsas de plástico y los arrojaron al río San Juan.​

En septiembre de 2015, la PGR de Arely Gómez afirmó que había recolectados más de 63,000 fragmentos óseos en el Río San Juan y el basurero de Cocula.

Hoy, el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, afirma que en la barranca de La Carnicería y no en el basurero de Cocula, es donde más restos óseos se han encontrado. "Los restos siempre estuvieron ahí y dejaron que se deterioran hasta que, al día de hoy, muchos ya no puedan ser identificados".




EL DESCONTENTO SOCIAL POR PEÑA NIETO

El presidente Enrique Peña Nieto, con crisis en varios frentes, será, en cierto sentido, evaluado por la población a dos años y medio de haber alcanzado el poder.

Fue una campaña dominada por las denuncias de corrupción contra gobernadores, la violencia electoral, la irrupción de los candidatos independientes y las millonarias multas (más de 500 millones de pesos, unos US$32 millones) al Partido Verde —aliado clave del gobierno— por violar la ley electoral.

El "anulismo"


"La única solución que puede deslegitimar, sacudir y reformar este sistema a favor de los ciudadanos se halla en el voto nulo", aseguró esta semana la reconocida académica y politóloga Denise Dresser.

"Horror de los horrores: tenemos que votar. Lo que antes era una ilusión es ahora una pesadilla", se lamentó el escritor Juan Villoro.

"Nuestra democracia", añadió recientemente en una columna, "no es un modo de solucionar conflictos, sino de perpetuarlos".

Votar sin esperanza, así vive México. Aunque no falten quienes aseguran que incluso esa postura es una manera de indignarse y de manifestar su protesta.

Sin embargo, queda la impresión de que la inconformidad social no termina de encontrar una alternativa viable para organizarse y transformarse en ese algo más necesario para sacudir las estructuras.

El movimiento #YoSoy132, por ejemplo, surgido en mayo de 2012 como una forma de protesta contra la cobertura informativa del proceso electoral que derivó en la elección de Peña Nieto, llegó a ser calificado de "Primavera Mexicana" pero terminó diluyéndose.

Un descontento que, suele ocurrir, se manifiesta en un puñado de estados especialmente conflictivos y en la capital, pero que no se puede extrapolar al resto del país.

Existe una fuerte presencia del "voto corporativo" por el cual, independientemente del desempeño del partido, las maquinarias pesan demasiado en un amplio sector de la población.

Y hay de fondo, coinciden analistas, una nociva combinación de pobreza, desigualdad, falta de educación y carencia de oportunidades que impide el aprecio del valor de una rica vida democrática.

Crisis del gobierno

Es cierto que la democracia mexicana se ha ido, en cierto sentido, fortaleciendo.

La presencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder se vio cortada en el 2000 tras 70 años de dominio hegemónico.

Con la llegada del presidente Enrique Peña Nieto a fines de 2012, volvió el PRI tras dos mandatos del Partido de Acción Nacional (PAN).

La alternancia de poder. Anhelada, que le dicen. En la práctica, para muchos, no ha sido necesariamente en México sinónimo de vigor democrático.

Peña Nieto atraviesa su peor crisis y ha admitido que sobrevuela en el país una "sensación de incredulidad y desconfianza".

El cuestionado manejo del horror de Ayotzinapa, el escándalo por su millonaria vivienda y un turbio conflicto de interés, las polémicas por las casas de algunos de sus funcionarios, el poder del narco que, pese a algunas capturas de alto perfil, no mengua, las dudas por abusos de las fuerzas de seguridad y la impunidad.

Y un resultado: el desgaste de su imagen y la baja popularidad (32%), la menor en décadas para un presidente a mitad de su mandato.

Mientras, el gobierno se empeña en vender y poner el énfasis en reformas estructurales en materia energética, telecomunicaciones, educativa, en el combate a la corrupción.

Cambios que, reconocen, llevarán tiempo, que los resultados se verán más adelante.

Un país desconectado. Y de fondo, una ciudadanía mayormente indiferente.

Violencia electoral

La violencia marcó la campaña y amenaza con empañar la jornada de este domingo en algunos estados.

Decenas de incidentes dejaron más de 20 muertos. Candidatos fueron asesinados, pero ni eso parece terminar de conmover a un país hastiado de la muerte sin fin.

Grupos armados y maestros sindicalistas irrumpieron esta semana en oficinas electorales en Guerrero, uno de los estados más pobres y violentos, donde desaparecieron los estudiantes, y quemaron más de 100.000 papeletas electorales.

Ataques similares ocurrieron en el vecino Oaxaca, donde el aeropuerto fue bloqueado, y en otros estados, por maestros que se oponen a que sean evaluados, elemento crucial de la reforma educativa que el gobierno una semana antes decidió remover, pero aun así promueven un boicot electoral.

México se enfrenta a una elección en la que no hay certeza de que se lleve en paz, no hay garantías de que se pueda votar en todos lados.

México vota entre la violencia, la apatía, el desencanto, la novedad y el continuismo.

La madurez y la salud de la democracia mexicana se vuelven a poner a prueba. La indiferencia no suele ser buena consejera, ni remedio para el mal.



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